4.4.1. Cesión de información
La Agencia Tributaria cede información desde hace años y de forma cada vez más notable a otras Administraciones Públicas para que éstas puedan ejercer las funciones que tienen encomendadas y prestar al ciudadano de la manera más eficiente los servicios públicos para los que son competentes. Esa cesión de información requiere, con carácter general, el previo consentimiento del interesado.
La información tributaria así proporcionada a otros organismos públicos, además de ahorrar a los ciudadanos millones de desplazamientos anuales para solicitar certificados tributarios y reducir los tiempos de tramitación y los costes de gestión de las Administraciones, ha contribuido a evitar y combatir fraudes en la obtención de prestaciones sociales, subvenciones o ayudas públicas.
Se destaca, sin ánimo exhaustivo, la suscripción en 2023 de convenios en esta materia con las siguientes Administraciones Públicas: Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil en materia de cesión de información para fines estadísticos y de colaboración; Agencia Estatal de Seguridad Aérea; Consejo General del Poder Judicial sobre comunicación de información de carácter tributario a los órganos de la administración de justicia a través del Punto Neutro Judicial; con las Haciendas Forales y diversas Comunidades Autónomas, así como con varias universidades públicas.
Como consecuencia de los convenios de cesión de información a otras Administraciones, la Agencia Tributaria ha atendido, durante 2023, cerca de 112 millones de peticiones de información relativa al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (cerca de 36 millones del Ministerio de Sanidad) y más de 9 millones de certificados de estar al corriente de obligaciones tributarias.
Asimismo, respecto a la cesión de información durante 2023 a los órganos de la Administración de Justicia, en el marco estipulado en el Convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los suministros normalizados que se han efectuado de forma directa y automatizada a través del Punto Neutro Judicial gestionado por el CGPJ, han supuesto cerca de 10,5 millones. Además, se han tramitado 12.363 solicitudes no normalizadas de información.
En la actualidad, la utilización de registros administrativos de origen fiscal es de uso generalizado para operaciones estadísticas de gran transcendencia para los ciudadanos como, entre otras muchas, la Encuesta de Población Activa o la Estadística Estructural de Empresas. Estos registros administrativos permiten un uso directo de la información fiscal, y su utilización reduce la carga administrativa para ciudadanos y empresas en la elaboración de encuestas. Los registros administrativos también son de utilidad en el cumplimiento de las funciones de otros organismos públicos, como es el caso de la gestión y seguimiento del Ingreso Mínimo Vital por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o la realización de evaluaciones dentro del Spending Review de la Comisión Europea por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad fiscal (AIReF). Además, la Agencia Tributaria colabora en el proyecto ES_Datalab que facilita a la comunidad investigadora el acceso a las bases de datos de distintas instituciones para trabajos científicos de interés público.