Balance 2021 de resultados de control tributario

• Se han liquidado 540 millones de euros, un 23,6% más, a contribuyentes con grandes patrimonios en un total de 1.165 expedientes (+57%)
• La herramienta basada en el análisis ‘big data’ para la detección de falsos no residentes con patrimonios relevantes ha llevado ya a liquidar 24,5 millones a 69 contribuyentes que estaban artificialmente localizados en casi una treintena de países
• Se han realizado 36.600 actuaciones de control sobre grandes empresas, patrimonios, abusos societarios y economía sumergida, un 23,8% más
• En 2021, la Agencia Tributaria ha obtenido 14.956 millones en términos homogéneos (16.896 millones en total) como resultado de su labor de control, un 17% más, y ha minorado bases negativas, deducciones pendientes de aplicar y cuotas a compensar con un impacto de 5.000 millones que en un 56% corresponde a actuaciones de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes

21 de julio de 2022.- La Agencia Tributaria regularizó el pasado año bases imponibles por un importe de 5.578 millones de euros en un total de 112 comprobaciones inspectoras sobre la fiscalidad internacional de grandes empresas multinacionales que realizaron la Delegación Central de Grandes Contribuyentes y las demás delegaciones de la Agencia con el apoyo de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI).

El montante de estas bases imponibles regularizadas, un 81,3% superior al del año 2020, incluye un expediente de gran volumen que condiciona la comparación interanual, si bien, aun excluyéndolo, el importe de las regularizaciones seguiría siendo más de un 35% superior al del ejercicio 2020. A su vez, la ONFI participó en 2021 en la gestión de 28 Acuerdos Previos de Valoración (APA) con resultado estimatorio, lo que supone garantizar a futuro bases imponibles por un importe de más de 3.000 millones de euros.

Actuaciones de control por encima de los niveles prepandemia

Estos resultados forman parte de toda la actividad de control que llevó a cabo la Agencia Tributaria en 2021, que concluyó con 1.795.000 actuaciones, un 10,4% más que el año previo y un 7,9% más que en 2019, superando también los niveles previos a la pandemia en prácticamente todas las grandes tipologías de actuaciones.

De este total, destacan las 36.599 actuaciones de control efectuadas en relación con grandes empresas y patrimonios, abusos societarios y economía sumergida, un 23,8% más que el año pasado. Se trata de actuaciones que consumen una elevada cantidad de recursos, caracterizados, además, por su alta cualificación.

En concreto, se llevaron a cabo 26.989 actuaciones sobre grandes empresas, multinacionales y grupos societarios, un 24,2% más; 2.899 de análisis patrimonial y societario (+38,2%); 5.317 en relación con la ocultación de actividad y el abuso de las formas societarias (+22,3%). La cifra de 26.989 comprobaciones se completa con 1.394 actuaciones que han permitido aflorar ventas ocultas en el marco del control de actividades económicas (el resto de actuaciones de descubrimiento de ventas ya están incluidas en los dos epígrafes anteriores).

Recaudación y minoración de bases

En términos recaudatorios globales, y como consecuencia de su labor en la prevención y lucha contra el fraude, en 2021 la Agencia obtuvo unos resultados homogéneos de 14.956 millones de euros (16.896 millones en total), un 17% más que el año anterior. Estos resultados no incluyen los expedientes de minoración de pagos fraccionados (1.940 millones de euros en 2021 y 4.487 millones en 2020) que serán de difícil repetición en el futuro y, por tanto, impiden una comparación homogénea de la serie.

Los resultados de control se descomponen en 9.037 millones de euros por ingresos directos, un 11,7% más que el año anterior; 5.164 millones por minoración de devoluciones (sin contar los expedientes de pagos fraccionados), un 28,4% más; e ingresos inducidos (declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo) por importe de 755 millones de euros, un 11,5% más.

La Agencia Tributaria también realizó minoraciones de bases imponibles negativas, deducciones en cuota pendientes de aplicar y cuotas a compensar, con un efecto en términos de incremento de cuotas tributarias de casi 5.000 millones de euros, de los cuales un 56% se corresponden con actuaciones de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.

Se trata de actuaciones muy relevantes que, si bien no computan en los resultados de control, al no suponer ingreso ni minoración de devoluciones, resultan de una gran trascendencia para ensanchar bases imponibles futuras y elevar la recaudación.

Grandes patrimonios y falsos no residentes

El pasado año, la Agencia Tributaria volvió a incrementar el número de actuaciones de control sobre los grandes patrimonios de personas físicas desplegadas por las distintas delegaciones, con un total de 1.165 actuaciones en relación con grandes fortunas, un 57% más que en el año anterior, que llevaron a liquidar deuda por un importe de 540 millones, un 23,6% más. Desde el año 2018 –año de creación de la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes– hasta el pasado 2021, se han liquidado en este ámbito más de 1.900 millones en más de 3.200 expedientes de comprobación.

Pero, además de dar su apoyo a las liquidaciones sobre grandes fortunas que se llevan a cabo en cada ámbito territorial de la Agencia, la Unidad ha impulsado diversos proyectos para seguir reforzando y actualizando los sistemas de control en este terreno. El más novedoso de ellos, puesto en funcionamiento hace dos años, es la incorporación de una herramienta basada en análisis ‘big data’ para la detección de falsos no residentes con patrimonios relevantes.

En 2021 las comprobaciones iniciadas se han extendido ya a 223 contribuyentes (eran 126 en 2020), y de ellas se han finalizado actuaciones por un importe total liquidado de 24,5 millones de euros sobre 69 contribuyentes que se encontraban artificialmente localizados en casi una treintena de países y para los que se ha determinado que realmente tenían residencia efectiva en España.

La relevancia de la información del exterior

En los últimos años, las distintas delegaciones de la Agencia han visto reforzada su capacidad de acción sobre las rentas no declaradas a partir de las sucesivas directivas europeas de intercambio automático de información, los mecanismos OCDE estandarizados y otros acuerdos.

El pasado año, el control inspector sobre contribuyentes de los que se ha recibido información de cuentas financieras en el exterior a través de la directiva europea ‘DAC2’, el estándar CRS de la OCDE y el acuerdo ‘Fatca’ con EEUU permitió liquidar 132 millones de euros a 382 contribuyentes, de forma que desde 2017, año en el que comienza a recibirse esta información, el área de Inspección de la Agencia ya ha liquidado 762 millones a 2.280 contribuyentes.

Al tiempo, el año pasado se siguieron complementando estas actuaciones inspectoras con los controles sobre rentas comunicadas a través de una directiva europea anterior, la denominada ‘DAC1’, información que la Agencia viene utilizando también para fomentar el cumplimiento voluntario en la campaña de declaración de IRPF a través de los ‘avisos’ en datos fiscales.

En esta fase de comprobación gestora, las actuaciones realizadas han generado liquidaciones de la Agencia Tributaria y declaraciones extemporáneas de los contribuyentes por un importe conjunto de 51 millones de euros a través de más de 43.000 expedientes, de manera que las cifras acumuladas en el trienio 2019-2021 en que se ha explotado esta información en el ámbito extensivo suman ya más de 150 millones de euros y más de 84.000 expedientes.

También al objeto de aflorar fondos ocultos en el extranjero, la información recabada por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, la ONIF, sobre utilización de tarjetas emitidas en el exterior (‘tarjetas offshore’) ha permitido a las distintas dependencias territoriales de la Agencia liquidar deuda por importe de 79 millones de euros el año pasado, al tiempo que se dieron de alta expedientes que afectan a 43 contribuyentes con tarjetas ‘offshore’ y que ofrecerán resultados adicionales en el futuro.

Economía sumergida

Paralelamente a todas las actuaciones anteriores, el año pasado la Agencia ha seguido manteniendo su actividad de control para aflorar la actividad económica oculta. Así, en 2021 realizó más de 2.200 actuaciones inspectoras bajo distintos programas de comprobación (las ya mencionadas 1.394 en el ámbito del control de actividades económicas y el resto en otros programas) en las que descubrió ventas ocultas, regularizando cuotas por un importe de 400 millones de euros.

También se liquidaron cuotas y sanciones por importe de 173 millones de euros en casi 3.000 actas de inspección a contribuyentes que previamente habían sido objeto de actuaciones de entrada y registro con apoyo de las Unidades de Auditoría Informática (UAI). Estas unidades participaron el año pasado en más de 1.200 actuaciones con volcados informáticos que facilitan el descubrimiento de rentas ocultas, permiten mejorar la obtención de pruebas y reducen la duración de las comprobaciones.

De especial relevancia, igualmente, en el ámbito de la lucha contra la actividad no declarada es el control de alquileres sumergidos, donde sigue destacando el efecto inducido que está suponiendo el envío de avisos de datos fiscales a presuntos arrendadores durante las últimas campañas del Impuesto sobre la Renta.

Teniendo en cuenta tanto el efecto completo en el año inicial de cada aviso, como el impacto marginal en cada año de las campañas anteriores, en los seis últimos ejercicios estos avisos han supuesto la incorporación de más de un millón de declaraciones que incluyen rendimientos del capital inmobiliario, con una mayor base imponible declarada de más de 7.100 millones de euros y una recaudación asociada a estas campañas de más de 860 millones de euros.

Control recaudatorio

Ya en el ámbito del control necesario para afianzar el cobro de las deudas, el Área de Recaudación de la Agencia ha seguido impulsando las actuaciones más cualificadas para lograr el cobro efectivo de las liquidaciones y luchar contra el fraude en la fase recaudatoria. Destaca el nuevo e intenso crecimiento (78,9%) registrado en el número de acciones judiciales (1.036) ejercitadas el año pasado para el cobro de las deudas. Estas actuaciones, que ya crecen casi un 150% con respecto a las cifras de 2019, y muy especialmente las penales, judicializan la exigencia de cobro en situaciones especialmente graves de insolvencias aparentes, alzamientos y, en general, prácticas de ocultación complejas.

También se han llevado a cabo 29.078 derivaciones de responsabilidad, un 8,7% más que en el año anterior y un 23,5% más que en 2019; y se han tomado 5.049 medidas cautelares, entre las cuales destacan los 1.208 acuerdos de prohibición de disponer de inmuebles de sociedades cuyas participaciones o acciones han sido mayoritariamente embargadas por pertenecer a un deudor. Estas últimas actuaciones, fundamentales para evitar vaciamientos patrimoniales, crecen un 84,4% con respecto a 2020 y un 240% en tres años.

La investigación patrimonial siguió, a su vez, incrementándose en 2021, con más de 88.500 expedientes de investigación de movimientos financieros, un 22,2% más que en 2021 y ya cuatro veces más que los niveles de mediados de la década pasada. Con estas actuaciones se persigue la utilización de diversas figuras defraudatorias, como la interposición de sociedades o la utilización de testaferros. Por su parte, los requerimientos de información o embargo solicitados a autoridades extranjeras para el cobro de deudas crecieron un 15,4% con respecto a 2021, con un total de 1.964 requerimientos, y un 152% en cuatro años.

Lucha contra el contrabando

Durante el pasado año también se desarrollaron las habituales labores de control de impuestos especiales y medioambientales, control aduanero y en el ámbito del contrabando, narcotráfico, blanqueo y otros delitos económicos. En materia de contrabando se han incautado 31,3 toneladas de cocaína y 167 de hachís, y se han aprehendido 2,8 millones de cajetillas y 80 toneladas de picadura y otras labores del tabaco, al tiempo que se han intervenido casi 2,2 millones de productos falsificados.

A su vez, la Agencia Tributaria ha mantenido la actividad habitual de colaboración con la justicia y con otras administraciones en el ámbito nacional e internacional, y se ha impulsado la prevención del fraude mediante las herramientas de información y asistencia y los foros cooperativos en los que participa la Agencia.