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La Agencia Tributaria, Cermi y la Fundación ONCE hacen seguimiento de su colaboración en el 20º aniversario de la firma del Convenio

Con fecha 17 de junio se ha celebrado la reunión anual de la Comisión de seguimiento del Convenio de colaboración firmado en el año 2004 por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la Fundación ONCE y la Agencia Tributaria.

Este año con un matiz especial, pues se cumplen 20 años de su firma, el 18 de octubre de 2004.

Este acuerdo sentó las bases para que “sirviera de apoyo e impulso a actuaciones futuras, inspiradas en lograr la asistencia e igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, a fin de suministrarles información actualizada de sus derechos, así como prestarles apoyo y asesoramiento en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias”, como consta en el propio texto.

La reunión estuvo presidida por el director del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales (Agencia Tributaria) Ignacio Fraisero Aranguren, el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno; y el vicepresidente primero ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán López.

Como resultado de lo realizado durante estos 20 años, todas las partes firmantes estuvieron de acuerdo en que se ha mantenido una relación muy fructífera, avanzando tanto en el nivel de información y asistencia tributaria como en el ámbito tecnológico, con el impulso de la accesibilidad de las herramientas informáticas necesarias para el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

Abogando por muchos más años de estrecha colaboración, se puso de manifiesto la intención de que más del 95 por 100 de las oficinas de atención al público de la Agencia Tributaria sean accesibles, que los canales presenciales y digitales de relación ciudadana cuenten con más medidas de apoyo a este sector de población, y que la plantilla de la Agencia Tributaria supere en la medida de lo posible el porcentaje mínimo de empleados públicos con discapacidad exigido por Ley.

Todas las partes coincidieron en considerar esta colaboración como una buena práctica que no solo ha mejorado de modo apreciable el servicio público de la gestión tributaria, sino que se ha erigido como marco de referencia para otras administraciones interesadas en reforzar su dimensión inclusiva con las personas con discapacidad.