Plan Estratégico de la Agencia Tributaria 2019-2022

 

• Se crearán las ADI, centros dedicados a la ayuda integral al contribuyente por teléfono e internet, en el marco de un Plan Estratégico trazado como instrumento clave en la toma de decisiones de la Agencia a medio y largo plazo
• Se consensuarán códigos de buenas prácticas para pymes y autónomos con organizaciones representativas de estos colectivos, con las que se trabajará también en medidas de lucha contra la economía sumergida
• Una batería de indicadores permitirán evaluar los resultados de la Agencia en materias tales como el ensanchamiento de bases imponibles generado por su labor de asistencia, prevención y control
• Se creará una Comisión Consultiva de Ética para asesorar a los funcionarios en la aplicación práctica del Código de Conducta de la Agencia Tributaria

24 de octubre de 2019.- La Agencia Tributaria ultima el Plan Estratégico 2019-2022, documento que será un instrumento clave en la toma de decisiones en los próximos años. El plan pretende ofrecer a la organización una visión clara de las estrategias a seguir y medidas a tomar en el medio y largo plazo, alineando también la asignación de medios técnicos y humanos con las prioridades identificadas. Se trata, en todo caso, de un documento abierto y, por tanto, objeto de posible modificación en función de futuras nuevas necesidades y prioridades.

La Agencia fija en el Plan Estratégico una serie de ejes que deberán vertebrar sus actuaciones en el periodo 2019-2022, avanzando hacia un nuevo modelo de asistencia integral y control a priori para mejorar el cumplimiento voluntario del contribuyente, al tiempo que se intensificarán las actuaciones de lucha contra el fraude tributario más complejo.

Borrador de IVA y datos fiscales en Sociedades

En el ámbito de la asistencia se contemplan dos proyectos a corto plazo en el ámbito del IVA y del Impuesto sobre Sociedades. En el caso del IVA, se pondrá en marcha un proyecto piloto para ofrecer un borrador de declaración, en principio a un número reducido de contribuyentes dentro del total de incluidos en el Suministro Inmediato de Información, el SII.

En el caso de Sociedades, y también tomando en este caso la referencia tradicional del IRPF, el próximo año (Sociedades 2019) arrancará una estrategia similar de cesión de datos fiscales al contribuyente durante la campaña anual del impuesto societario. En ambos casos se trata de facilitar la presentación de las declaraciones y, con ello, favorecer el cumplimiento voluntario.

ADI, el futuro de la asistencia digital al contribuyente

En materia de asistencia y prevención destaca muy especialmente, a su vez, la apuesta por la creación de Administraciones de asistencia Digital Integral (ADI), centros de atención que se sumarían a las oficinas tradicionales de atención presencial, pero en este caso con dedicación exclusiva a la atención y asistencia al contribuyente por medios electrónicos y telefónicos.

Este modelo, que supone un salto cualitativo en la asistencia al contribuyente, permite una mayor especialización de los funcionarios destinados a las ADI, favorece la unidad de criterio en la aplicación de la norma y permite al contribuyente resolver sus dudas en un horario más amplio y sin necesidad de desplazamientos a las oficinas.

La prueba piloto de este proyecto está prevista para otoño de 2020 en Valencia, y estará especialmente enfocada al IVA, aprovechando la reciente creación de potentes herramientas de asistencia, como los asistentes virtuales del IVA (en proceso de implantación gradual) y del SII (ya implantado, al igual que la calculadora de plazos de remisión de los registros de facturación y el localizador del hecho imponible en IVA).

Para entonces está previsto que se encuentre en funcionamiento el futuro asistente virtual de la declaración censal (alta, modificación y baja de actividades económicas) y a lo largo de la vigencia del plan se completará la estrategia con un sistema paralelo de información y asistencia telemática, incluyendo igualmente asistentes virtuales, para los trámites relacionados con el área de Recaudación.

De igual forma, en el ámbito de recaudación y durante la vigencia del plan se implementará la posibilidad de realizar los correspondientes pagos de deudas que gestiona la Agencia mediante un sistema de transferencias instantáneas a través del teléfono móvil y extender la posibilidad del pago mediante tarjeta bancaria, prácticamente residual en la actualidad.

Códigos de buenas prácticas y cumplimiento cooperativo

Un pilar básico de la estrategia de prevención planteada en el plan es el fomento del cumplimiento cooperativo. En esta línea, y tras el establecimiento de códigos de buenas prácticas en el ámbito de las grandes empresas, las asociaciones y colegios profesionales y los despachos de asesoría, la Agencia trabaja en la actualidad en la redacción de códigos equivalentes con organizaciones representativas de las pymes y los autónomos.

Paralelamente, se trabaja en la futura difusión estadística de información sectorial sobre magnitudes económicas y tributarias del Impuesto sobre Sociedades equivalente a la que ya se viene publicando desde fechas recientes en el IRPF (Estadística de Rendimientos de actividades económicas), de manera que los contribuyentes puedan comprobar si se encuentran alineados con lo declarado por el conjunto de su sector.

Avances en el control tributario

Una de las claves que establece el plan en materia de mejora del control tributario es la extensión a otros impuestos y colectivos del sistema de selección de riesgos fiscales existente en el IVA y en relación con grandes patrimonios, los dos ámbitos en los que se han introducido en los últimos años potentes herramientas informáticas que facilitan el análisis, detección y selección de riesgos. Esta utilización de nuevos instrumentos informáticos se trasladará también al área de Recaudación para la detección automatizada de conductas de riesgo.

En cuanto a las grandes empresas, se apuesta por un control reforzado, a partir de una mayor transparencia de los contribuyentes, que permita anticipar la identificación de las contingencias fiscales y avanzar así hacia un modelo de control preventivo en el caso de los grupos con estándares de cumplimiento y transparencia más avanzados. En el caso específico de las grandes multinacionales tecnológicas con presencia en España, se defenderá un cambio internacional definitivo que acompase el pago de impuestos directos al lugar donde estas multinacionales tienen una presencia digital significativa y generan el verdadero valor añadido.

Al mismo tiempo, en la lucha contra la economía sumergida el plan ahonda en la estrategia de prevención, con la colaboración de las organizaciones firmantes de los códigos de buenas prácticas de pymes y autónomos, y también mediante la utilización de posibles nuevas herramientas como la supresión del software de doble contabilidad, una estrategia que se combinará con la de represión del fraude a través de actuaciones presenciales.

En el ámbito de Aduanas destaca el proyecto de crear un sistema centralizado de control de escáneres, que permitirá sistematizar e intensificar la vigilancia existente en los distintos recintos aduaneros, y también está prevista la implantación de una nueva red de comunicaciones digitales para la zona del Campo de Gibraltar que facilite la labor de los funcionarios dedicados allí a la lucha contra el narcotráfico y el contrabando.

Indicadores estratégicos

El plan dedica un apartado específico a la medición de los resultados de la Agencia. El plan establece una batería de siete indicadores con los que se pretende medir la contribución de la Agencia Tributaria a su fin principal, la mejora del cumplimiento tributario del contribuyente, tanto por la vía de la prevención y la asistencia, como por la del control.

En primer lugar, se tomará en consideración la capacidad de la Agencia para aflorar actividad no declarada y ensanchar bases, de manera que en época de bonanza económica el crecimiento de las bases imponibles (ajustadas de cambios normativos) sea mayor que el de la demanda interna, y en épocas de contracción económica la Agencia pueda atenuar el impacto de la caída de actividad en la recaudación.

Otro indicador, en este caso múltiple, se encargará de medir el efecto recaudatorio inducido derivado de la inclusión en los datos fiscales de los contribuyentes de información referida a cuentas y rentas del exterior, alojamientos turísticos, etc, y el efecto inducido de las actuaciones inspectoras.

El efecto inducido de las inspecciones

En relación con esto último, y a título de ejemplo, estudios internos de la Agencia muestran que los contribuyentes inspeccionados en el año 2015 (exceptuando los contribuyentes adscritos a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, por la alta volatilidad de sus cifras entre años) elevaron más de un 25% sus ingresos declarados en los tres años posteriores en relación con los años anteriores a la inspección, el doble que el conjunto de los contribuyentes en el mismo periodo.

La medición de efecto inducido alcanzará también a otros colectivos y ámbitos, caso de las actuaciones sobre grandes patrimonios, el plan de visitas de IVA, el envío de cartas informativas y las actuaciones del área de Recaudación.

Otros indicadores de referencia permitirán medir la eficiencia de la Agencia (evolución de su presupuesto en relación con la marcha de los ingresos tributarios que gestiona), la capacidad de gestión recaudatoria sobre la deuda gestionable, y la conflictividad tributaria y agilidad de la administración (proporción de recursos interpuestos por los contribuyentes sobre el total de actos administrativos de cada año y mejora de las resoluciones y sentencias favorables a la Agencia, así como reducción de los intereses pagados).

En cualquier caso, como cierre del sistema, se establece también un indicador que relaciona la evolución de la base de cálculo (instrumento que tradicionalmente sirve de referencia para la asignación anual de crédito presupuestario a la Agencia) con la evolución del cumplimiento voluntario.

Comisión consultiva ética

En relación con la infraestructura ética y la buena gobernanza, se ha decidido que el plan vaya más allá de la regulación existente en el estatuto del empleado público y marque a la Agencia Tributaria un compromiso explícito al respecto. En ese sentido, se elaborará un código de principios y conducta propio de la Agencia acorde con las recomendaciones de los órganos internaciones y de responsabilidad corporativa y se aprobará un protocolo de denuncias de malas praxis.

Todo ello con el objetivo de asentar sobre instrumentos específicos y tangibles por los funcionarios las prácticas y recomendaciones que ya se venían marcando y practicando tradicionalmente. En cambio, la novedad en esta materia viene dada por la creación de una comisión consultiva de ética que servirá de apoyo a los funcionarios para la aplicación práctica en cada caso de los principios marcados en el código de conducta.